De la tierra al tribunal, con veinte años de litigio real.

Durante más de veinte años he caminado los pasillos del Tribunal Agroambiental, los juzgados agroambientales departamentales y las oficinas del INRA, no como observador, sino como litigante. Cada saneamiento que he acompañado, cada título ejecutorial que he impugnado, cada contrato agrario que he redactado, me ha enseñado algo que ningún libro de texto explica del todo: la distancia real entre lo que dice la ley y lo que ocurre en un expediente.

Soy docente titular en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), donde imparto cátedra en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, formando a la próxima generación de abogados agrarios y procesalistas bolivianos. Esa doble vida —el aula y el tribunal— es la que sostiene mi trabajo.

En los últimos años he dirigido mi investigación hacia un territorio que apenas comienza a explorarse en Bolivia: la intersección entre el derecho agrario y la tecnología. Me interesa la digitalización del proceso agroambiental, la prueba electrónica en litigios de tierras y los efectos jurídicos de la tecnología en la verificación de la función económico-social. No es una moda pasajera: el sistema judicial boliviano necesita ponerse al día con la evidencia digital, y me propuse escribir parte de ese mapa.

He compartido cátedra en seminarios organizados por el Colegio de Abogados de Santa Cruz y la UAGRM, y he plasmado dos décadas de práctica en obras que hoy uso como material de enseñanza propio.

Si necesita un abogado que conozca el expediente por dentro —los plazos que no se cumplen, las notificaciones que llegan tarde, los años que un caso puede dormir en un escritorio del INRA— y que también sepa cuándo el sistema sí funciona y cómo hacer que funcione a su favor, estoy a un mensaje de distancia.